La discriminación por orientación o preferencia sexual, por identidad de género, sexismo, misoginia se manifiestan cotidianamente en nuestra sociedad, vulnerando y marginalizando a quienes la viven.
El Movimiento de Liberación Lésbica Homosexual (MLLH) en la ciudad de México surge a principio de la década de los setenta como un movimiento social y de organización política. Entre sus principales demandas destacan la exigencia de igualdad de derechos y el cese a las razzias, que eran detenciones arbitrarias y acoso por parte del gobierno.
El análisis histórico del movimiento requiere de un gran viaje a través de la historia, para llegar hasta la actualidad y analizar, tanto los procesos sociales que ha tenido el movimiento lésbico en la ciudad de México, como la importancia de observar y reflexionar respecto a esta participación desde un ejercicio de ciudadanía en un marco de democracia plural, frente a una realidad que continúa vulnerando los derechos de las personas no heterosexuales.
El artículo 1º constitucional prohíbe cualquier acto discriminatorio, sea por etnia, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil, pero en los hechos, se sigue vulnerando a distintos sectores de la población a partir de prácticas que reconocen hegemonías en la sociedad.
En este sentido, si bien no existe un derecho diferenciado para personas heterosexuales y para quienes no lo son, sí podemos encontrar una serie de omisiones a partir de las preferencias u orientaciones sexuales no heterosexuales, toda vez que la heterosexualidad ha sido el parámetro normativo de la sociedad y a partir del cual, se legitiman las omisiones y la vulneración de derechos a quien no se ciñe a dicho parámetro.
Por otro lado, la sexualidad ha sido utilizada como un elemento de control social normalizante ejercido desde los discursos religiosos, médico-biologiscistas y legales, y por ello, el derecho al cuerpo y al placer ha sido regulado desde esas instituciones. Uno de los fundamentos del movimiento de la disidencia sexual ha sido con base en la sexopolítica, que implica la libertad sexual como un sinónimo de ciudadanía y de donde se desprende una de las consignas más emblemáticas: “No hay libertad política, si no hay libertad sexual”.
Desde el comienzo del movimiento se establecieron vínculos con otros movimientos sociales pues, si bien las demandas específicas del MLLH tenían tales claridades, también se tenían necesidades específicas a partir de las luchas ciudadanas, sindicales, estudiantiles y, particularmente, las de las mujeres. Una de las demandas permanentes del movimiento lésbico era la despenalización del aborto, además del permanente rechazo al machismo y la violencia de género, demandas que permanecen en la agenda.
Hablar de cada identidad que agrupa la diversidad sexual, es decir, personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestistas e intersexuales, implica un compromiso ético pues lo homosexual, como un todo, invisibiliza las particularidades y genera confusión entre los temas comunes y las prioridades de cada sector.
Es habitual que las investigaciones respecto a los temas de diversidad sexual se ubiquen en un contexto médico que tiene como objetivo describir la orientación sexual como un tema exclusivamente de esaárea y le reste importancia política que implica disentir, elegir y cuestionar los aprendizajes sociales como modelos reproducidos y no como instituciones naturales. Cuestionar la heterosexualidad como institución natural nos permite plantear la necesidad de reconocer a la heterosexualidad y la homosexualidad dentro de un marco de diversidad sexual, pugnando por derechos en equidad entre ambas.
La discriminación es un fenómeno cultural y social de exclusión e intolerancia hacia algunas diferencias. Es también una forma de control social pues culturalmente esta práctica se ha reproducido, jerarquizando y marginando a quienes no se les reconoce como iguales. En nuestro país, en donde somos un mosaico de culturas, etnias, culturas y preferencias sexuales, estas características distintivas, que tendrían que ser reconocidas como la base de nuestra riqueza multicultural, han sido negadas y estigmatizadas. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación consiste en actitudes y prácticas de desprecio hacia alguien por su pertenencia a un grupo al que le ha sido asignado un estigma social.
Tan marcada es la discriminación hacia ciertos grupos que se han acuñado conceptos que definen el tipo de discriminación hacia estos, tal es el caso del racismo, clasismo, la homofobia, la lesbofobia, la misoginia y la transfobia. Así, la discriminación en nuestro país vulnera y excluye de manera sistemática, al mismo tiempo que forma parte de la construcción cultural que cada día reproducimos y legitimamos, ocasionando en la práctica, (des)movilización y (des)organización.
Frente a estas formas de discriminación, las acciones en materia de política pública tendrían que apuntar hacia un reconocimiento del multiculturalismo como un valor, es decir, que las diferencias sean reconocidas dentro de un plano de igualdad más que un elemento de jerarquización, garantizando una convivencia plural y el ejercicio de la ciudadanía desde todos sus matices como un valor.
En ese sentido, las políticas públicas tendrían que comenzar por legislar en pro de su reconocimiento más que por un intento de homologación, aún cuando se reconocen debilidades del multiculturalismo como política, toda vez que implicaría el respeto mismo a culturas en las que se subsume y utiliza a las mujeres como parte de sus prácticas de sujeción.
El planteamiento del multiculturalismo que aplica tiene que ver con la desconstrucción estructural de los estereotipos a partir de los cuales, cobra sentido como una práctica legítima la discriminación y la exclusión, dotando a ciertos sectores de la población un estatuto que les permita coexistir en la sociedad con base en la igualdad y la equidad.
Derivado de una sociedad que ha buscado controlar y normar el ejercicio de la sexualidad, surgen la misoginia y la homofobia como prácticas culturales que promueven la jerarquización de la heterosexualidad y el machismo dentro del parámetro de normalidad, implicando el rechazo y la hostilidad sistemática respecto a los homosexuales en un primer momento, además de la violencia sistemática hacia las mujeres.
Podemos ubicar a la homofobia como un guardián del género, toda vez que permite que la sexualidad legítima sea la heterosexual desde el orden natural del sexo biológico (macho/ hembra) y con base en fines reproductivos, dando validez a sexismo y la homo/lesbofobia como un componente binario de normatización sexual y reproducción del orden social. Aceptar públicamente la homosexualidad no implica necesariamente la equivalencia social, jurídica y de derechos que la heterosexualidad, pues estaría atentando su jerarquía normativa, por ello, la visibilidad no puede conformarnos, es necesario seguir avanzando en el ámbito legislativo para alcanzar el reconocimiento de nuestros derechos en igualdad.
A partir de estas características que se insertan en el imaginario colectivo, Bourdieu1 ha desarrollado la categoría de violencia simbólica, que es la que se ejerce con la complicidad del dominado y que es el resultado del establecimiento de parámetros definidos de las normas sociales y sus jerarquías. Señala que las personas no reconocen la violencia como tal y, por ello, resulta complicado desestructurarla, dado que la violencia simbólica, más que la física o cualquier otra forma de coacción mecánica, constituye el mecanismo principal de la reproducción social, el medio más poderoso del mantenimiento del orden.
La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador, cuando no dispone para imaginarla o para imaginarse a sí mismo o la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento que comparte con el dominador y que al no ser más que la forma asimilada de relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural. Esto puede dar visos de las razones por las que los actos homo/lesbofóbicos son silenciados o no alcanzan a distinguir los alcances que traen consigo en el ámbito personal y colectivo.
El tema de la lesbofobia implica una doble discriminación, primero por ser mujer (misoginia) y luego por ser lesbiana, lo cual marca una pauta de acción social, dado que la lesbofobia como una constante de vida, ocasiona la segregación y vulneración de los derechos de este sector y con ello violencia, migraciones forzadas, expulsiones laborales, educativas y familiares, violaciones sexuales, matrimonios forzados y, en casos más extremos, el asesinato.
La homo/lesbofobia interna, ya que pareciera que el simple hecho de asumir una preferencia sexual distinta a la heterosexual nos exime de los aprendizajes culturales que nos han formado dentro de nuestro contexto cultural y social, es decir, se cree que el hecho de ser lesbiana per se, exime de tener un discurso aprendido a partir de los mismos parámetros de moralidad y discriminación que el resto de la ciudadanía, lo cual resulta un grave error.
No cuestionar los discursos y las prácticas discriminantes, misóginas, lesbófobas, hace estar expuestas a reproducirlas constantemente, incluso entre las mismas lesbianas. Por ello, la discriminación y la lesbofobia no sólo son prácticas sociales, sino individuales y que, en tanto no se desestructuren, seguirán siendo un elemento cotidiano que vulnera y excluye a este sector.
Distinguir desde el activismo cuatro elementos que anclan la discriminación por homo/lesbofobia en lo social y que dificultan su desarticulación es importante para marcar prioridades en la lucha social.
Estos elementos se ubican a partir de la estereotipación de superioridad desde el cual se fundan creencias que explican un trato discriminatorio (de tolerancia que implica reconocer las jerarquías de quien “tolera la diferencia”); la deshumanización o sentimientos de que el otro es intrínsecamente diferente o extraño y, con ello, el desconocimiento del otro y de sus necesidades (puede ser analizado a través del lenguaje, los chistes, la ignorancia, la representación estereotipada de lesbianas y homosexuales y el distanciamiento social o exclusión); la convicción de merecer privilegios por estar en la posición (social) correcta, cobrando gran relevancia los discursos que aseguran que las demandas de lesbianas, homosexuales y transexuales no son legítimas y que transgreden los valores morales impuestos.
Por último, la amenaza a la diferencia dado que los discursos fundamentalistas experimentan en estos argumentos de derechos, una amenaza al orden establecido y a su estilo de vida (esto lo legitimamos y reproducimos cotidianamente a partir de los discursos que imponen los medios de comunicación).
En este sentido, la lesbofobia y la misoginia son temas que tienen que ser desestructurados socialmente a partir del reconocimiento de derechos en equidad e igualdad y de la implementación de acciones afirmativas a través de políticas públicas que tengan como resultado, la trasformación social necesaria para reconocer a la diversidad como un valor de nuestra sociedad y que los discursos morales dejen de seguir estando por encima del derecho constitucional que nos reconoce a las y los distintos todos, como iguales.
Desde noviembre de 2006 se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el instituir el 17 de mayo como día nacional de Lucha contra la Homofobia, mismo acuerdo que mereció un exhorto al Ejecutivo federal un año más tarde y que a la fecha no ha sido decretado, manteniendo un veto de bolsillo que lo convierte a él mismo y a su gobierno en responsables de la homo/lesbofobia, desde la discriminación hasta los asesinatos contra este sector de la ciudadanía.2
Fuente: kaosenlared.net
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