En la Corte de Apelaciones de San Miguel se registró hoy el primer alegato por una denuncia de discriminación basada en la orientación sexual y al cual debió concurrir en forma histórica un abogado representante de un alto integrante de la Iglesia Católica.
El alegato tuvo lugar luego que el pasado 23 de agosto la Corte de Apelaciones acogiera por unanimidad un recurso de protección presentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en contra del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, por impedir a la profesora de religión Sandra Pavez ejercer su oficio sólo en razón de su orientación sexual.
Mientras la afectada y el Movilh fueron representadas por el jurista Alfredo Morgado, el vicario tuvo voz a través del abogado Manuel José Errázuriz, quien insistió en que el certificado de idoneidad que entrega a la Iglesia a los profesores de la religión, será siendo negado a Pavez, por cuanto su orientación sexual es incompatible con ese oficio.«La vida sexual activa (de la profesora) es contraria a los principios de la Iglesia Católica», sostuvo Errázuriz en el alegato dado frente a las magistradas Rosa del Carmen Egnem Saldias, María Teresa Díaz Zamora y la abogada integrante Tita Aránguiz.
A través de Errazúriz, el vicario pidió además que se sacara del recurso al Movilh, por cuanto a su juicio el organismo no tiene relación con el caso. Morgado argumentó que el Movilh efectivamente tiene conexión con el caso, toda vez que representa a los derechos humanos de las minorías sexuales y porque la afectada inició desde el comienzo las acciones legales con la ayuda de ese organismo. Agregó con la negación del certificado de idoneidad en razón de un aspecto de la vida privada de una persona, como es la orientación sexual, «se están violentando los principios de igualdad y de respeto a la honra y la vida privada garantizados en la Constitución y en innumerables tratados internacionales ratificados en Chile».
«El vicario, el obispo, el Papa y, la Iglesia en su conjunto, y la profesora lesbiana son igualmente ciudadanos y nadie está por sobre la ley ni la Constitución», enfatizó Morgado. Mientras el abogado Errazúriz no quiso dar declaraciones a la prensa, la profesora Sandra Pavez rompió por primera vez el anominato a nivel público, destacando que «tengo un currículo intachable como docente y eso lo sabe la Iglesia y toda la comunidad escolar de la cual soy parte. Mi vida privada no tiene nada que ver con mi desempeño profesional».
Por su parte el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, destacó que «estamos viviendo un momento histórico. Por primer vez la Iglesia chilena debió a través de sus representantes declarar ante una Corte por una claramente fundada acusación de lesbofobia».
En momentos que se discute una nueva Ley General de Educación, Jiménez recordó a la ministra del ramo, Yasna Provoste, que «la presidenta de la República ha dicho claramente que no se acepta la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, la secretaria de Estado al parecer no está tomando en cuenta este mandato, pues no ha emitido ninguna palabra respecto a este caso, pese a que lo hemos pedidos en reiteradas oportunidades».
En relación a la petición de la Iglesia de excluir al Movilh de recurso, Jiménez puntualizó que «tenemos toda la legitimidad para ser parte del mismo. Pero advertimos que estando o no en el proceso legal, en el fondo esta causa está teñida por una discriminación basada en la orientación y lucharemos, desde dentro o fuera, porque se haga justicia. Al final de cuentas, eso es lo más importante».
Fuente: AGMagazine - / Ver novedades de esta noticia
El alegato tuvo lugar luego que el pasado 23 de agosto la Corte de Apelaciones acogiera por unanimidad un recurso de protección presentado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en contra del vicario para la Educación de San Bernardo, René Aguilera Colinier, por impedir a la profesora de religión Sandra Pavez ejercer su oficio sólo en razón de su orientación sexual.
Mientras la afectada y el Movilh fueron representadas por el jurista Alfredo Morgado, el vicario tuvo voz a través del abogado Manuel José Errázuriz, quien insistió en que el certificado de idoneidad que entrega a la Iglesia a los profesores de la religión, será siendo negado a Pavez, por cuanto su orientación sexual es incompatible con ese oficio.«La vida sexual activa (de la profesora) es contraria a los principios de la Iglesia Católica», sostuvo Errázuriz en el alegato dado frente a las magistradas Rosa del Carmen Egnem Saldias, María Teresa Díaz Zamora y la abogada integrante Tita Aránguiz.
A través de Errazúriz, el vicario pidió además que se sacara del recurso al Movilh, por cuanto a su juicio el organismo no tiene relación con el caso. Morgado argumentó que el Movilh efectivamente tiene conexión con el caso, toda vez que representa a los derechos humanos de las minorías sexuales y porque la afectada inició desde el comienzo las acciones legales con la ayuda de ese organismo. Agregó con la negación del certificado de idoneidad en razón de un aspecto de la vida privada de una persona, como es la orientación sexual, «se están violentando los principios de igualdad y de respeto a la honra y la vida privada garantizados en la Constitución y en innumerables tratados internacionales ratificados en Chile».
«El vicario, el obispo, el Papa y, la Iglesia en su conjunto, y la profesora lesbiana son igualmente ciudadanos y nadie está por sobre la ley ni la Constitución», enfatizó Morgado. Mientras el abogado Errazúriz no quiso dar declaraciones a la prensa, la profesora Sandra Pavez rompió por primera vez el anominato a nivel público, destacando que «tengo un currículo intachable como docente y eso lo sabe la Iglesia y toda la comunidad escolar de la cual soy parte. Mi vida privada no tiene nada que ver con mi desempeño profesional».
Por su parte el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, destacó que «estamos viviendo un momento histórico. Por primer vez la Iglesia chilena debió a través de sus representantes declarar ante una Corte por una claramente fundada acusación de lesbofobia».
En momentos que se discute una nueva Ley General de Educación, Jiménez recordó a la ministra del ramo, Yasna Provoste, que «la presidenta de la República ha dicho claramente que no se acepta la discriminación por orientación sexual. Sin embargo, la secretaria de Estado al parecer no está tomando en cuenta este mandato, pues no ha emitido ninguna palabra respecto a este caso, pese a que lo hemos pedidos en reiteradas oportunidades».
En relación a la petición de la Iglesia de excluir al Movilh de recurso, Jiménez puntualizó que «tenemos toda la legitimidad para ser parte del mismo. Pero advertimos que estando o no en el proceso legal, en el fondo esta causa está teñida por una discriminación basada en la orientación y lucharemos, desde dentro o fuera, porque se haga justicia. Al final de cuentas, eso es lo más importante».
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