El matrimonio igualitario
Indudablemente, este 2017 ha sido un año histórico en cuanto a la aprobación o entrada en vigor de leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 1 de marzo entraba en vigor la ley de matrimonio igualitario en
Finlandia, que había sido aprobada en diciembre de 2014. En julio, el Parlamento de
Malta daba su respaldo a la suya, cumpliendo
una promesa del primer ministro Joseph Muscat. Pero el “premio gordo” llegaría en junio, cuando
en Alemania el Bundestag votaba mayoritariamente a favor de la igualdad para las parejas del mismo sexo, ley que obtendría también el apoyo del
Bundesrat y que posteriormente sería
promulgada por el jefe de Estado, para finalmente entrar en vigor el 1 de octubre. Y las sorpresas en el mundo germánico no acabaron ahí: el 5 de diciembre era el Tribunal Constitucional de
Austria el que ordenaba la apertura de la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo, si bien daba de plazo hasta el 1 de enero de 2019 para que el legislativo actuara al respecto.
Finalmente, el 7 de diciembre el Parlamento de
Australia aprobaba su esperada ley, tras años de debates y un innecesario referéndum postal no vinculante que, afortunadamente,
se saldó a favor de los derechos LGTB, aunque se tuvo que pagar el alto precio de una campaña llena de la más
feroz LGTBfobia.
La igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo también llegó a otros ámbitos sin carácter nacional. Entre ellos se encuentra parte de la maraña de territorios y dependencias británica. En cuanto a las dependencias, el 2 de mayo entraba en vigor en
el Balinazgo de Guernsey (aunque fue aprobado en 2016), y en diciembre era aprobado en su propia dependencia,
Alderney (aún a falta de la sanción real). Ciñéndonos a los territorios, el año arrancaba con la entrada en vigor en la
isla Ascensión, posteriormente, en abril, era aprobado en las
Islas Malvinas, en agosto en
Tristán de Acuña y en diciembre en
Santa Elena (también a la espera de la pertinente sanción real). La mala noticia nos llegaba desde Bermudas, cuya
Corte Constitucional declaraba en mayo que el matrimonio debía ser aplicable a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, en diciembre el Parlamento
revocaba esa decisión y aprobaba una ley de uniones civiles diferenciada. Fuera de las posesiones británicas, el matrimonio igualitario entraba en vigor el 1 de julio en las
Islas Feroe, aunque había sido aprobado en 2016. También hemos de añadir que la Corte Constitucional de
Taiwán, un estado no reconocido por Naciones Unidas, dictaminó en el mes de mayo que las parejas del mismo sexo se podrán registrar como matrimonio dentro de dos años, si el poder legislativo no articula leyes al respecto en ese plazo (el proceso taiwanés, no obstante, está encontrando dificultades, como
ayer mismo recogíamos. Aun así confiamos en que acabe llegando a buen puerto).
En total, existen 26 países en todo el mundo donde se permite el matrimonio a las parejas del mismo sexo (entre paréntesis, la entrada en vigor de la ley): Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005),
Sudáfrica (2006),
Noruega (2009),
Suecia (2009),
Portugal (2010),
Islandia (2010),
México (en vigor en algunos estados, aunque
desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional),
Argentina (2010),
Dinamarca (2012),
Nueva Zelanda (2013),
Brasil (2013),
Uruguay (2013),
Francia (2013), Reino Unido (2014 en
Inglaterra, Gales y
Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte),
Luxemburgo (2015),
Irlanda (2015),
Estados Unidos (2015),
Colombia (2016),
Finlandia (2017),
Alemania (2017),
Malta (2017),
Australia (2017) y
Austria (2019).
Las leyes contra la discriminación LGTBI e integrales de transexualidad en EspañaHubo que esperar hasta junio para que un nuevo Parlamento de una comunidad autónoma aprobara una ley de protección y no discriminación de las personas LGTBI. Fue
la Comunidad Foral de Navarra, que lo hizo con el voto en contra del PP. Hasta finales de año no tuvo lugar la siguiente aprobación, en
Andalucía, aunque en este caso el proyecto de ley fue votado por unanimidad de las fuerzas políticas representadas. Navarra y Andalucía se han sumado así a
Galicia (si bien su ley no tiene capítulo sancionador),
Cataluña,
Extremadura,
Baleares,
Murcia y
Madrid.
Como noticia negativa, el reciente rechazo del PP de
Castilla y Léon a aprobar una ley de protección de los derechos LGTB en esa comunidad. En realidad, este goteo legislativo autonómico, que se eterniza en el tiempo, pone de relieve la falta de una ley de ámbito estatal, cuya continuada demora ya es inadmisible, con
un Partido Popular que incumple sus compromisos y se niega a dar su apoyo a las iniciativas legislativas al respecto de partidos de la oposición. Otra de las críticas frecuentes y fundamentadas es la falta de desarrollo y de partidas presupuestarias suficientes para aplicar las normativas ya en vigor.
En cuanto a las leyes integrales de transexualidad, la
Comunidad Valenciana aprobó una muy avanzada en el mes de marzo, con la que se unía a
Navarra,
País Vasco,
Andalucía,
Canarias y
Madrid. En Cataluña, Extremadura y Murcia las medidas al respecto están integradas en sus leyes de protección de las personas LGTBI. Como ocurre con estas últimas, se pone de manifiesto la falta de reforma de la ley estatal,
obstaculizada de nuevo por el PP, así como el desarrollo y financiación de las leyes existentes.
