El debate político sobre el matrimonio igualitario en Australia está llevando el asunto hacia una situación de impasse. Mientras el primer ministro Malcolm Turnbull se aferra a la convocatoria de un referéndum, la oposición pierde la paciencia y presenta sus propios proyectos de ley para aprobar la medida por la vía parlamentaria sin la dilación y los costes que conlleva la consulta.
Interminable juego de ping-pong en la política australiana sobre la igualdad matrimonial. Las elecciones del pasado julio revalidaron la victoria de la coalición liberal-conservadora del primer ministro Turnbull, si bien con menor margen del esperado: el Senado, de hecho, quedó en manos de la oposición. En cuanto logró formar Gobierno, Turnbull rompió su promesa de celebrar el referéndum sobre la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo antes de fin de año, relegándolo para comienzos del año que viene. Y ello a pesar de la alusión del vicepresidente estadounidense Joe Biden, durante una visita al país austral, a pasar de las palabras a los hechos en materia de derechos LGTB.
La falta de avances sobre una medida que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad australiana (a tenor de todas las encuestas) y con una mayoría de parlamentarios a favor está llevando a la impaciencia a los activistas y a la oposición. Los Verdes, que cuentan con 9 senadores, anunciaron la semana pasada que votarían en contra del proyecto de ley del grupo liberal para autorizar el referéndum sobre el matrimonio igualitario. En su lugar se mostraron partidarios de la tramitación directa por el Parlamento. Cuando los laboristas, el principal grupo de la oposición, también mostraron su rechazo a la consulta, los de Turnbull amenazaron con hacer encallar el asunto durante el resto de la legislatura. Y es que el acuerdo entre laboristas, verdes y otros grupos en la cámara alta haría fracasar los planes del primer ministro de someter el asunto a votación popular.
La situación en los últimos días es de incertidumbre. El líder laborista Bill Shorten calificó el plebiscito el domingo pasado como “la segunda mejor opción”, sin descartar por tanto dar su apoyo finalmente al Gobierno en su empeño. Al mismo tiempo, acusaba a Turnbull de “debilidad” por no ser capaz de imponer la libertad de voto en su grupo parlamentario debido a la división entre favorables y contrarios a la medida y a su precaria mayoría de solo un diputado en la Cámara de Representantes. A pesar de que el primer ministro está a favor del matrimonio igualitario, la celebración del referéndum esla solución de compromiso a la que se aferra para mantener el apoyo de sus correligionarios. El portavoz del Gobierno, por su parte, tampoco descartó eliminar la disciplina de voto de su grupo parlamentario, al tiempo que calificaba a los laboristas de ser “los malos” por oponerse a la consulta.
“El plebiscito es innecesario, caro y divisivo”, argumenta Shorten. “Hay una vía mejor y más rápida para hacer realidad la igualdad matrimonial. El Parlamento debería hacer su trabajo y pactar una ley de igualdad matrimonial, sobre la que todos los partidos tuvieran libertad de voto”. Las estimaciones de los costes que conllevaría la celebración de la consulta varían entre los 160 millones de dólares australianos (unos 108 millones de euros) que contempla el presupuesto en vigor hasta los 250 millones (168 millones de euros) que estiman otras fuentes. Pero el verdadero temor de los laboristas, así como de los activistas LGTB, es que la movilización de los sectores homófobos de la sociedad australiana junto con una escasa participación se tradujeran en un voto negativo en el referéndum.
Así las cosas, los grupos de la oposición han movido ficha esta semana presentando varios proyectos de ley sobre matrimonio igualitario, que el laborista Shorten espera consolidar en uno solo común. La situación, por tanto, sigue siendo incierta: mientras que el portavoz verde Adam Bandt cree que antes de fin de año se podrían celebrar las primeras bodas entre personas del mismo sexo, los liberales del primer ministro Turnbull persisten en sus planes de llevar a cabo la consulta popular en febrero del próximo año. Los activistas de Australian Marriage Equality, a la vista del panorama, han mantenido contactos con representantes de todos los partidos parlamentarios para pedirles que trabajen juntos para encontrar cuanto antes una solución al bloqueo.
Fuente: DosManzanas.com
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